(Nota del editor: Cuando apareció este informe en PODER - enero 2012 se llamaba la atención sobre la inacción de los últimos gobiernos respecto de los sucesivos desplantes de Doe Run sobre su PAMA. Sin embargo, en las recientes semanas el actual gobierno intenta recuperar el tiempo perdido. Más aún luego de que Doe Run endureciera sus condiciones al Estado para reiniciar operaciones y pretenda que el Estado peruano le pague indemnizaciones por más US$800 millones. Ante ello, ayer el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, anunció que el gobierno exigirá que la minera cumpla con sus obligaciones ambientales. En medio de todo ello, esta madrugada los trabajadores de La Oroya iniciaron un bloqueo de la carretera central en protesta por la dilatación del inicio de operaciones en el complejo metalúrgico; sin embargo, a estas horas la medida se habría levantado como parte de una tregua a la espera de una mesa de diálogo).

La increíble historia de Ira Rennert y sus hijas para contraer y desaparecer una deuda de U$139 millones. En esta sofisticada nota se explica, por primera vez, el laberíntico préstamo que mantiene en pugna a varios grandes de la industria metalúrgica. ¿Volverá a intentar hacer de las suyas Rennert? Lo más probable es que sí.

Por Gema Pons / Infos

El reciente nombramiento de Jorge Merino como ministro de Energía y Minas le agrega un componente más al círculo vicioso de acciones y operaciones bajo el sello Doe Run Perú (DRP), en manos del Grupo Renco y a cuya cabeza está el leonino magnate multimillonario Ira Rennert. Merino suscribió en 1997, en representación del Estado, el contrato de venta del complejo metalúrgico de La Oroya (MetalOroya), que implicaba el pago de US$121.5 millones y un aporte de capital de US$126.5 millones.

Según el Grupo Renco, es justamente el contrato el que le permitió (legalizó), que el aporte de capital que había efectuado fuese sacado el mismo día de la empresa bajo la modalidad de un préstamo a su casa matriz. Consultado por PODER sobre este tema, Merino señala que el Contrato de Transferencia establece claramente que ese aporte de capital debía destinarse necesariamente a financiar el compromiso de inversión de US$120 millones asumido por dicha empresa.

La pregunta que se cae de madura entonces es: ¿por qué el ministro de Energía y Minas, conocedor de este acto fraudulento y de otro que veremos más adelante, optó por alinearse en la junta de acreedores con los intereses de DRP para permitir así que sea esta misma empresa la que se encargue del proceso de reestructuración que se sigue en el Indecopi?

Como se recordará, DRP se declaró en quiebra en el 2009, 13 años después de que el Grupo Renco se hiciera con el complejo de manos de la empresa estatal Centromin. Luego de varias postergaciones a su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) bajo el argumento de que enfrentaban problemas de liquidez, en realidad tejía una telaraña de movidas empresariales y financieras para sacar dinero de la compañía a sus empresas relacionadas. Todo bajo la pasividad de las autoridades de turno. Ante el incumplimiento del pago a sus proveedores, estos le cerraron el caño de provisión de minerales y la empresa se vio en la necesidad de acudir a un proceso concursal en el Indecopi. Hoy, con una empresa vinculada en la junta de acreedores (Doe Run Cayman) –artífice de una de las jugadas financieras–, y con el voto del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de los acreedores privados, Doe Run podría volver a retomar las operaciones de la refinería en el plazo de 60 días hábiles. ¿Por qué el Estado y las empresas privadas volvieron a confiar en una empresa con un historial internacional de incumplimientos y caracterizada por exprimir a las empresas a las que ingresa? ¿Doe Run estará interesada esta vez en cumplir efectivamente con la elaboración de un plan de reestructuración alineado con el interés de todos los acreedores? Para aproximarnos a una respuesta hay que volver al pasado, donde un elemento central es cómo Ira Rennert terminó siendo acreedor de sí mismo. Volvamos a 1996.

EL INTERMINABLE PAMA

En 1996, Centromin había presentado un PAMA para los próximos 10 años, el cual fue asumido por la compradora estadounidense. Así, para el 2007, debían haberse resuelto los mayores problemas de contaminación producidos por la metalúrgica, a través de la construcción de distintas plantas de tratamiento. El PAMA debía haber evitado que La Oroya figurara en la lista de los 10 lugares más contaminados del mundo, codo a codo con ciudades como Chernobyl. Pero no lo hizo, apareciendo por primera vez en la lista negra en el 2006.

El plan ambiental fue modificado a solicitud de DRP en 1999, 2001 y 2002, en el sentido de bajar las metas anuales sobre los compromisos adquiridos. Es decir, cada vez se le exigía menos, sin que existiera una sustentación técnica de por qué. En el 2003, cuatro años antes de que finalizara el plazo fijado en la compraventa, DRP solo había invertido un 21% del presupuesto estimado del PAMA, ante la impasibilidad del MEM. Más aún, la empresa solicitó al gobierno una extensión del PAMA hasta el 2011, alegando dificultades financieras que le impedían concluir la inversión como consecuencia de la caída de los precios de los minerales. La reclamación de la empresa vino ´acompañada´ de violentas protestas de sus trabajadores. La salida gubernamental para DRP tomó la forma del Decreto Supremo 046, que permitía la prórroga ´excepcional´ de los plazos para el cumplimiento de programas medioambientales en el sector minero.

El PAMA se prorrogó hasta octubre del 2009, confiándose en que se resolverían los problemas medioambientales y DRP no figurara en una lista junto a Chernobyl. Sin embargo, el PAMA aún se tendría que postergar de nuevo y por 30 meses más, después de que en el 2009 el consorcio crediticio que daba capital de trabajo a Doe Run (formado por el BCP, el Paribas francés y el Standard Bank londinense) cortara su flujo de crédito, y el caso se convirtiera en el Lehman Brothers peruano. En esta ocasión se repitieron las violentas manifestaciones de los trabajadores como telón de fondo. De nuevo, la empresa no tenía capital de trabajo para continuar las operaciones y exigía el auxilio del Estado.

DRP, aunque había obtenido ventas en el 2007 por US$1.470 millones y por US$1.170 millones en el 2008, atravesaba una situación financiera crítica y paralizó prácticamente sus operaciones. Nadie de la familia del Grupo Renco —ya se verá que es numerosa y solidaria en ocasiones— acudió en ese momento a rescatarla. Antes bien, su ´prima hermana´ Doe Run Cayman venía atesorando con paciencia un pagaré que reconocía a su favor un crédito de US$139 millones para mostrarlo ante el Indecopi meses después.

LAS HERMANAS LE PRESTAN AL PADRE

El origen de esta deuda se remonta 14 años atrás en el tiempo, y forma parte de la historia familiar de la propia DRP. Personaje central es el ´patriarca´ físico de la familia empresarial de DRP, Ira Rennert, quien según Forbes ocupa hoy el puesto 196 de la lista de 400 hombres más ricos del mundo, con una cifra de US$5.900 millones de fortuna personal (en el 2009, esta cifra era de US$4 mil millones). Mr. Rennert es el accionista de una serie de empresas ´holding´, todas hermanas, que tienen al Grupo Renco de Estados Unidos como padre y van formando un árbol genealógico que cruza las fronteras y llega hasta DRP.

Todo empieza en octubre de 1997, cuando se privatiza MetalOroya y el concurso público es ganado por el Grupo Renco. Rennert prohija a DRP para hacerse cargo de la administración del complejo metalúrgico y se compromete a tres pagos. Primero, US$121,45 millones al Estado peruano por el 51% de las acciones de MetalOroya; luego, US$126,48 millones más como aporte de capital, para llegar a controlar el 100% de las acciones; finalmente, US$120 millones en el plazo de cinco años, como inversión destinada a ampliar y modernizar la planta y, en particular, dar cumplimiento al PAMA aprobado por el MEM el año anterior.

De manera que DRP necesitaba US$248 millones contantes y sonantes para poder adueñarse del complejo. ¿De dónde obtuvo Mr. Rennert los fondos necesarios? De la familia. Veamos:

En primer lugar, una de sus empresas ´hijas´, Doe Run Mining, pide y obtiene dos préstamos: uno de US$225 millones del Bankers Trust y otro de US$23 millones de su empresa hermana Doe Run Resources. En total, Doe Run Mining recaba US$248 millones. Como buenas empresas hermanas, Doe Run Mining aporta capital a DRP, otorgándole los fondos necesarios para llevar adelante la operación de compra del complejo: todo lo recabado, es decir, los US$248 millones. Recordar que la mayor parte es prestada.

Con el dinero recibido, DRP hace los pagos de US$121,45 millones por el 51% de las acciones de MetalOroya y US$126,48 millones más como aporte de capital, haciéndose con el control del complejo, que se incorpora efectivamente a la familia Rennert.

Hasta aquí, todo parece quedarse en una deuda familiar de DRP frente a Doe Run Mining. Pero la cosa se complica. porque el siguiente movimiento lo hace la propia MetalOroya, la nueva hermana recién adoptada, que acaba de recibir los US$248 millones ‘de manos’ de DRP. MetalOroya no llega a disfrutar mucho de ese dinero, porque inmediatamente presta a Doe Run Mining US$125 millones, sin intereses, los cuales son a su vez rápidamente aplicados por esta para amortizar parte del préstamo de US$225 millones del Bankers Trust que solicitó para dárselos a DRP. Hay que remarcar aquí que esta operación tuvo lugar el mismo día que se efectuó el aporte de capital en MetalOroya (23 de octubre de 1997), lo cual fue hace más de 10 años, por lo que cualquier reclamo legal basado en este punto, habría prescrito.

EL LABERINTO DE LOS PRÉSTAMOS

Así, Doe Run Mining disminuyó la deuda que contrajo para ayudar a que su hermana DRP adquiriese MetalOroya, gracias a la propia MetalOroya. Aunque todavía le quedan US$100 millones de préstamo, sin olvidar los otros US$23 millones que también le debía a su hermana Doe Run Resources.

La jugada prosigue. En diciembre de 1997, MetalOroya, quien había recibido los US$248 millones de DRP y prestado US$125 millones a Doe Run Mining, es absorbida por DRP, produciéndose el primer fallecimiento en la familia. Ya no existe MetalOroya, pero sí el crédito de US$125 que esta tenía frente a Doe Run Mining, que es asumido como activo por DRP entre el resto de derechos y obligaciones. Todavía era una cuenta por cobrar a Doe Run Mining, con DRP como nueva acreedora.

En marzo de 1998, vuelve a entrar en juego la empresa hermana Doe Run Resources quien al principio de esta historia había prestado US$23 millones a Doe Run Mining para adquirir MetalOroya. Lo que hace Doe Run Resources es emitir bonos por valor de US$225 millones, y poniendo parte de la suma obtenida como garantía ante el Banco de Crédito Overseas consigue un préstamo a Doe Run Mining de US$125 millones (los mismos que ésta le debe a DRP, antes MetalOroya), más los intereses correspondientes.

¿Qué hace Doe Run Mining con esta suma? Recordemos que ya debe US$100 millones del préstamo inicial del Bankers Trust, US$23 millones a Doe Run Resources (ambas sumas que recabó para DRP) y US$125 a DRP (antes MetalOroya). De entre esta colección de acreedores, Doe Run Mining utiliza el nuevo préstamo por US$125 millones del Banco de Crédito Overseas para pagar los US$100 millones de préstamo inicial del Bankers Trust —con lo que lo salda—, así como los otros US$23 millones que le debe a la propia empresa que ha emitido los bonos, Doe Run Resources. Prefiere que la otra deuda de US$125 millones a DRP, quede pendiente.

Entonces, hasta aquí, tenemos el siguiente panorama familiar:

l Doe Run Resources, como ayuda para adquirir el complejo, ha prestado US$23 millones a Doe Run Mining, quien ya se los ha devuelto. También, gracias a la emisión de bonos garantiza US$125 millones ante el Banco de Crédito Overseas, suma que queda pendiente.

l Doe Run Mining ya no debe al Bankers Trust nada de los US$225 millones que solicitó para aportárselos a DRP y que esta adquiriese el complejo, gracias a los US$125 millones procedentes de DRP (antes MetalOroya) y a los US$125 millones últimos del Banco de Crédito Overseas garantizados por Doe Run Resources. Eso sí, sus nuevos deudores son DRP (US$125 millones) y Banco de Crédito Overseas (US$125 millones).

l DRP, al absorber a MetalOroya, tiene un crédito de US$125 millones frente a Doe Run Mining.

Hasta que en mayo del 2001, el panorama cambia: Doe Run Mining, la hermana que finalmente ostentaba las deudas familiares por la adquisición de MetalOroya (DRP, US$125 millones; y Banco de Crédito Overseas, US$125 millones), es absorbida por DRP. Es el segundo fallecimiento en la familia y tiene consecuencias contables millonarias.

DRP PIERDE UN CRÉDITO Y GANA UNA DEUDA

La primera consecuencia es que lo que Doe Run Mining debía a DRP (y antes a MetalOroya) desaparece por consolidación. Sin embargo, no hay que olvidar que aunque el dinero desaparezca contablemente, en octubre de 1997 MetalOroya sí le entregó a Doe Run Mining los US$125 millones con los que amortizó parte del préstamo que Doe Run Mining obtuvo del Bankers Trust para la adquisición de MetalOroya.

Y en cuanto a los otros US$123 millones que completaban la cifra de US$248 millones aportados para adquirir el complejo, Doe Run Mining ya había devuelto gracias al préstamo que recibió del Banco de Crédito Overseas (y garantizado por Doe Run Resources), US$100 millones al Bankers Trust y US$23 millones a Doe Run Resources. Pero seguían quedando US$125 millones más intereses en el aire… debiéndose por Doe Run Mining al Banco de Crédito Overseas. Y claro, la deuda fue asumida por DRP como consecuencia de la absorción de su hermana cuando falleció. De esta manera, a la muerte de Doe Run Mining, DRP no solamente pierde un crédito de US$125 millones, sino que además gana una deuda de otros US$125 millones, convirtiéndose en el deudor del préstamo que tomó su matriz para la adquisición de MetalOroya.

En otras palabras, de los US$248 millones pagados por el “patriarca” Grupo Renco para adquirir el complejo, US$125 millones se habían devuelto y después habían desaparecido contablemente, US$23 millones habían regresado también a Doe Run Resources y US$100 millones se debían a un banco. Es destacable que entre todas estas sumas no hay inversión o inyección de capital por parte del Grupo Renco en la privatizada MetalOroya cuatro años atrás.

Pero volvamos a los US$125 millones más intereses que se deben al Banco de Crédito Overseas y que todavía tenían que seguir cambiando de manos, porque Doe Run Resources iba a subrogarse como acreedor produciendo todo un lío ante el Indecopi nueve años después. Así, en septiembre del 2002, el banco ejecuta la garantía que había puesto Doe Run Resources con sus bonos para que DRP, antes Doe Run Mining, consiguiese el préstamo con el que Doe Run Mining amortizó créditos destinados a la adquisición de MetalOroya. Como consecuencia, DRP ya no le debe al banco sino a su hermana Doe Run Resources dinero que, en el origen de esta historia, fue un préstamo obtenido del Bankers Trust para pagar su adquisición: US$125 millones más US$14 millones de intereses: en total, US$139 millones.

El caso no acaba ahí. Porque esos US$139 millones que DRP debe a su hermana Doe Run Resources se reflejan en un pagaré que va cambiando de manos, pasando a nuevas empresas primas hermanas, siempre dentro de la familia empresarial (Doe Run Acquisition y Doe Run Cayman Holdings), hasta llegar Doe Run Cayman, actual acreedora de DRP.

El Indecopi se metió en este lío familiar reconociendo la validez del pagaré en marzo del 2011 y, por consiguiente, los derechos como acreedor de Doe Run Cayman, por US$139 millones procedentes de esta deuda más otros US$17 millones por otros conceptos: total US$155 millones, en el marco de la Ley General del Sistema Concursal, que permite la existencia de acreedores vinculados al deudor (como esta empresa prima hermana de DRP). Si Doe Run Cayman logra que se le pague esta “deuda” como parte del proceso de reestructuración, finalmente el Grupo Renco terminaría no pagando nada por la adquisición de MetalOroya.

Tras superar las inhibiciones de dos de sus miembros, Indecopi también le ha reconocido al Ministerio de Energía y Minas una deuda de US$163 millones como consecuencia del incumplimiento en financiar y poner en marcha la planta de ácido sulfúrico contemplada en el PAMA, dinero que, cuando se cobre por el Estado de acuerdo con el plan de reestructuración, se destinará a la ejecución de dicho proyecto, o lo que es lo mismo, a la culminación del PAMA lanzado en 1997. Empresas mineras, entre ellas Cormin, Minera Buenaventura, Pan American Silver, Minera El Brocal y Minera Volcan y finalmente, otros deudores menores, como la Sunat o los trabajadores, completan el grupo de acreedores.

LA REESTRUCTURACIÓN Y LOS CARGOS

Un informe elaborado por el estudio Benites, Forno y Ugaz en torno de las movidas financieras que le permitieron al Grupo Renco no hacer ningún aporte de capital efectivo a la refinería y además que una empresa vinculada se convirtiese en acreedor de DRP, afirma que el señor Rennert montó un meticuloso sistema de transacciones y reorganización empresariales destinado a apropiarse de MetalOroya sin cumplir realmente con la contraprestación debida al Estado. En cuanto al aporte de capital y posterior préstamos, indica que este fue fraudulento. Respecto al proceso de fusión, señala que constituyó una apropiación ilegítima del capital de Metal Oroya en perjuicio evidente de sus trabajadores y sus acreedores.

Es basado en estos argumentos que Cormin, comercializadora de minerales y uno de los acreedores de Doe Run en la junta del Indecopi, en abril del 2011 demandó ante el Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, la nulidad del crédito de Doe Run Cayman, solicitándole la suspensión de la junta como medida cautelar. Asimismo, se opuso ante el Indecopi a que Doe Run Cayman hiciese valer dicho crédito en la junta, tachándolo de fraudulento y solicitando la nulidad de su reconocimiento por el Indecopi, puesto que reconoció obligaciones cuyo fin era ilícito. En la medida en que el Indecopi es un ente administrativo y no judicial, este pedido fue descartado. La resolución del instituto estatal defensor de la competencia no significa un reconocimiento de la licitud de todo el entramado financiero: solo un reconocimiento a la existencia del documento acreedor.

Igualmente, Cormin acudió al Ministerio Público, demandando a Ira Rennert y a su directivo Albert Bruce Neil por los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, insolvencia fraudulenta y contra la función jurisdiccional, así como por falsa declaración en procedimiento administrativo.

Cormin apunta a que desde el primer momento, allá en 1997, Mr. Rennert tenía la intención de incumplir e hizo un aporte simulado, defraudando al Estado peruano conforme a un plan criminal. Señala la comisión de los delitos de estafa o incluso, alternativamente, de colusión desleal, si se demuestra que hubo funcionarios públicos que no supervisaron adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el grupo. Es por eso que a pesar de haber votado a favor del proceso de reestructuración y porque se designe a Doe Run como administrador del proceso y como encargado de presentar el plan de reestructuración, Cormin seguirá con los procesos judiciales en curso. Consultado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, sobre la posición del Estado frente a estos juicios, señaló que al ser una denuncia que no ha sido formulada por el Estado, no debería emitir ninguna opinión y solo esperar la conclusión de los tribunales. Es decir, el Estado es el principal afectado, pero con este gobierno tampoco es.

Por su parte, los abogados de Doe Run señalan que el contrato de privatización y una consulta posterior que hizo la empresa le permitía a su representada usar libremente el aporte de capital. Resulta extraño que abogados especializados en temas empresariales consideren que un aporte de capital y de un proceso de privatización pueda ser empleado para inmediatamente prestarle dinero a una compañía vinculada.

TRES ESCENARIOS Y AL DIABLO CON EL PAMA

Tanto Cormin como los demás acreedores privados y el Ministerio de Energía y Minas han nombrado a un supervisor que se encargará de velar, primero, por la elaboración de un plan de reestructuración que satisfaga los intereses de los acreedores, y de ser así, que se encargue luego de la supervisión del cumplimiento del plan. La entidad encargada de tamaña responsabilidad será Apoyo Consultoría. Si en 60 días hábiles contados a partir del 18 de enero no se llega a un acuerdo sobre el plan de reestructuración, la empresa podría ser declarada en liquidación, aunque bajo la modalidad de una compañía en marcha podría ser vendida a un operador interesado. En ese lapso también podría pasar que la consultora no se encuentre satisfecha o confiada de los planteamientos que el administrador, DRP, haga para el plan de reestructuración, y decida comunicárselo a los acreedores para que tomen una decisión o tal vez retirarse de la supervisión del proceso. En el primer escenario, la junta de acreedores tendría que volver a plantear un nuevo administrador.

Lo que la mayoría de acreedores cree es que Doe Run jugará con la premura del tiempo para jalar agua para su molino. Asimismo, existe casi total certeza de que el Estado terminará siendo uno de los que tendrá que ceder más en sus expectativas de que se cumpla con el pago para la ejecución del PAMA. Bajo la lógica seguida ahora por todos los gobiernos sometidos al chantaje de la empresa y, a través de esta, de la población de La Oroya, el gobierno se verá en la necesidad de ser lo más flexible posible para asegurar el reinicio de las operaciones. En este contexto, y considerando la modalidad bajo la que opera Ira Rennert en diferentes países, en el mejor caso intentará cumplir con los acreedores privados y en algún momento podría poner nuevamente al Estado contra la pared respecto de los recursos necesarios para el cumplimiento del PAMA.

Con anterioridad, Mr. Rennert ha seguido estrategias empresariales similares que apuntan a que pueda haber seguido un patrón en la adquisición de MetalOroya. La revista Vanity Fair le describía como el hombre cuyo “talento consistía en hallar compañías con suficientes problemas como para venderlas al valor de sus activos, generalmente luego del fracaso de una subasta”. Desembolsos mínimos por las compras, dejando ese papel a las entidades financieras, emisión de ´bonos basura´ de baja calificación y alto rendimiento, y una desmedida transferencia de fondos de las compañías de Rennert a Renco son los elementos claves de sus adquisiciones de WCI Steel (1988), Magnesium Corp.(1989), AM General (1992), Baron Drawn Steel Corp. (1993), Unarco Material Handling (1995) y Lodestar (1998). Además, cabe citar el caso de Magnesium Corp., que fue demandada por la Agencia de Protección Ambiental, de Estados Unidos, exigiendo reparaciones por US$900 millones. La empresa se declaró en quiebra.

Ese es el modo de operar de las firmas del Grupo Renco. Si Ira Rennert considera que todavía hay pan que rebanar en MetalOroya, intentará permanecer en la operación con el menor esfuerzo (inversión y cumplimiento de acreencias) posibles y tratando exprimir la operación al máximo. Cuando considere que ya no lo hay, se irá por sí mismo.

En el camino, cabe preguntarse por qué hasta ahora el Estado -ninguno de los gobiernos- ha tomado las cartas en el asunto de los fraudes implementados por Doe Run. El primer acto fraudulento, el préstamo otorgado con los recursos del aporte de capital, ya prescribió (¿algún exministro o funcionario público no debería responder por esto?). Pero el proceso de fusiones empresariales y emisión de bonos por el cual DRP terminó siendo deudor de un dinero que le debían previamente no prescribe hasta este año. Por tal motivo Cormin ha iniciado y continuará con el proceso judicial en paralelo, mientras que el Estado brilla por su ausencia. ¿Qué pasaría si Cormin gana la demanda en el Poder Judicial considerando las evidencias mencionadas durante este artículo? ¿Quedaría invalidado todo el proceso concursal? Si así es solicitado por uno de los acreedores, podría ser. Con lo cual, todo volvería a comenzar.

Es necesario recordar aquí que tres acreencias principales aglutinan la mayor parte de la deuda de DRP: Doe Run Cayman, el MEM y distintas empresas mineras. El crédito de Doe Run Cayman por sí solo no le concede el peso suficiente para aprobar en solitario un plan de reestructuración a la medida, pero podría alinearse, por ejemplo, con el MEM para conseguir el 72.1% del peso de las acreencias y dominar así el proceso, ya que con el 66.6% se aprobaría el plan de pagos. Este alineamiento podría producirse bajo el antiguo (y absurdo) argumento de que solo Doe Run sabe cómo operar esa refinería y que la presión de la población obligaría el gobierno a tomar esta postura.

Tampoco hay que olvidar que la viabilidad de las operaciones del complejo pasa por dos condiciones que el Grupo Renco no puede controlar en solitario: la provisión sostenida de concentrados por las empresas mineras y la extensión del plazo por el gobierno para cumplir con el PAMA. La entrada en escena del Grupo suizo Glencore, con quien Doe Run Peru ha mantenido ya negociaciones, facilitará que se produzca la primera condición y que la empresa vuelva a sus actividades. En cuanto a la segunda condición, todo apunta, como ya se ha dicho, a que el Estado nuevamente prorrogará el PAMA. ¿Hasta cuándo? Es una cuestión por verse. Y nuevamente las preguntas: ¿aportará Mr. Rennert capital fresco de sus arcas?, ¿confiará en una nueva emisión de bonos tóxicos o conseguirá un nuevo préstamo volátil para alguna de sus hijas? No vale sonreír.